La Ley de la Segunda Oportunidad permite que las personas físicas puedan solicitar en el marco de un procedimiento concursal el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) con la consecuente condonación de sus deudas, siempre que cumplan una serie de requisitos establecidos en la ley y sin descuidar los derechos de cobro de los acreedores.
En Badia)advocats analizamos cada caso individualmente, ofrecemos una propuesta personalizada y acompañamos a los clientes a lo largo del proceso concursal.
Son muchas las personas que, por motivos diversos, se han visto obligadas a cargar con una mochila de deudas que nunca podrán devolver, especialmente por culpa de unos intereses progresivos que siguen acumulándose día tras día.
A diferencia de otros países de la Unión Europea, en España, hasta el año 2015 las personas físicas no tenían ningún mecanismo que les permitiera empezar de nuevo y no tener que responder indefinidamente de sus deudas, al revés de las personas jurídicas que sí encontraban un punto final con el concurso de acreedores.
Esta situación cambia en 2015 con la aprobación de la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social (la conocida Ley de la Segunda Oportunidad) que permite al deudor persona física acogerse a un mecanismo para poder secar sus deudas y volver a empezar de nuevo.
Como dice la propia Exposición de Motivos de la ley, su objetivo es que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encauzar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente un peso de deuda que nunca podrá satisfacer. En definitiva, que cualquier persona tenga derecho a una segunda oportunidad.
El mecanismo de la Ley de la Segunda Oportunidad establece un proceso reglamentado y con asistencia judicial que termina finalmente con la concesión del BEPI, es decir, la condonación de las deudas de todos aquellos deudores particulares y autónomos que hayan liquidado sus bienes y cumplan una serie de requisitos, todos ellos enmarcados en el principio de buena fe.
Se trata de un procedimiento judicial delicado, como cualquier otro procedimiento concursal, que requiere el acompañamiento y profesionalidad de abogados especializados.
En Badia)advocats analizamos cada caso individualmente, ofrecemos una propuesta personalizada y acompañamos a los clientes a lo largo del proceso concursal.
Júlia Verdaguer Gamell
Derecho Procesal
